Discuten académicos de UdeG sobre autonomía universitaria en foro del Congreso de la Unión
Abordaron temas como presupuestos para educación superior, déficit en recursos para la ciencia y la tecnología, y problemas de financiamiento de investigadores y estudiantes de posgrado
La autonomía universitaria conlleva la libertad de decisión, de investigación y de administración de los recursos, y no una subordinación a agentes gubernamentales o empresariales, afirmó el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, doctor Adrián Acosta Silva, durante su participación en el foro “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: los agravios”, organizado por el Congreso de la Unión y en la que participan expertos de diversas instituciones educativas del país, entre ellas la UdeG.
En la segunda mesa de trabajo, “Las amenazas a la autonomía y los riesgos de la rectoría del Estado”, el especialista afirmó que la autonomía significa el autogobierno institucional que equivaldría a una autonomía política; la libertad académica y de investigación, que significa la autonomía intelectual; así como el apoyo presupuestal suficiente para las instituciones académicas y centros de investigación, que significa la autonomía administrativa y financiera.
Acosta Silva dijo que desde hace tres años el tratamiento presupuestal y el acoso político a las universidades y centros de investigación muestra “una clara contradicción gubernamental” tanto a nivel federal como estatal en varios casos en cuanto a lo que se planteó al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para buscar disminuir las desigualdades entre las instituciones educativas.
“Las políticas de austeridad y la gestión de la crisis sanitaria y económica han funcionado ‘como anillo al dedo’ para un acoso presupuestal a las universidades y centros de investigación, igual o peor al que el gobierno lopezobradorista denunció como producto de la política neoliberal”, declaró.
Es necesario defender el derecho a la autonomía universitaria y reconocer que ésta no opera en el vacío social, agregó, sino que es una autonomía vinculada con la sociedad y que genera beneficios tanto para las universidades y centros de investigación como para las poblaciones y territorios donde actúan.
“Las universidades no se hablan a sí mismas, son espacios donde se discuten problemas y donde a veces se ofrecen soluciones sea en forma de conocimiento, información, patentes o proyectos de investigación aplicada dirigidas a la sociedad y los gobiernos federal y estatales, o también a las empresas. La vinculación es la salida natural de lo que se produce en las universidades públicas, y ese es el régimen autonómico que hay que fortalecer más allá de proyectos sexenales”, expresó Acosta Silva.
El Director y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor Pedro Salazar Ugarte, recordó que la autonomía es un atributo que está consagrado en la Constitución para las instituciones académicas y no una aspiración de las universidades.
“Autonomía significa autogobierno, que es la capacidad de tomar las decisiones a través de procedimientos e instancias propias para determinar cuáles serán las autoridades encargadas de la gestión, administración, conducción y dirección de esas instituciones, y no es cierto que ese autogobierno adolezca de atributos democráticos”, pues existen órganos colegiados que toman las decisiones del quehacer universitario.
Añadió que la autonomía supone autodeterminación de prioridades en el quehacer académico de ciencia básica y aplicada y de humanidades, y de divulgación de la cultura, con la que las universidades deben de tener la capacidad en qué centrarán su atención en los distintos rubros del quehacer universitario, y todo esto es condición necesaria para la libertad de expresión, de cátedra y de investigación, así como de pluralidad y diversidad.
La académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIDE), doctora Catherine Andrews, explicó que los ataques recientes a ese centro por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) son parte de una política clara para acabar con la limitada autonomía que tienen los centros públicos de investigación y centralizar el gobierno de estas instituciones, y denunció que impusieron a directivos externos a la institución para ejercer una política acorde con los intereses de la Dirección General del consejo.
La Secretaria del Sindicato Único del Personal Técnico y Administrativo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, maestra Violeta Gleaves López, destacó la necesidad de que los centros de investigación públicos de Conacyt cuenten con un marco jurídico que garantice autonomía académica y autonomía constitucional, a fin de evitar las reducciones presupuestales a las que queda expuesta por las nuevas leyes administrativas y las reducciones del gobierno federal.
El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del CIDE, maestro Julio Antonio García Palermo, señaló que el respeto a la autonomía universitaria garantiza que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología se emplee para generar proyectos que resuelvan problemas actuales.
La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, representante del Partido Acción Nacional y moderadora de la segunda mesa de trabajo, dijo que la discusión de este tema es importante debido a que las instituciones educativas, centros de investigación y toda la comunidad universitaria en el país “están siendo objeto del ataque orquestado en su contra por una decisión presidencial”.
Agregó que desde Palacio nacional “se define la línea a seguir para que las autoridades estatales, afines a este gobierno y los responsables del Conacyt, amenacen de forma permanente la autonomía de las instituciones y la estabilidad e independencia de diversos centros de investigación e instituciones de educación superior”.
Disminución histórica del presupuesto
En otra mesa de trabajo, titulada “El presupuesto como mecanismo de control político”, el Coordinador General Académico y de Innovación de la UdeG, doctor Carlos Iván Moreno Arellano, afirmó que el presupuesto de la educación superior ha caído respecto al Producto Interno Bruto (PIB) “de manera dramática”, pues mientras en 2015 la inversión federal era de 3.9 por ciento, ahora alcanza 3.14 por ciento.
Esta disminución significa 200 mil millones de pesos menos para el Sistema Nacional de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Federal, un monto superior a todo el presupuesto de todas las universidades del país, más lo destinado a la ciencia y la tecnología en un año, explicó.
Destacó que pese a que la ley marca, desde hace diez años, que debe de haber una inversión no menor a 1 por ciento en educación superior, la administración federal pasó de destinar 0.7 por ciento del PIB en 2015, a 0.5 por ciento en 2021, lo que representa 50 mil millones de pesos, es decir, el presupuesto de la UNAM en un año.
En 2015 México invertía 3.5 pesos de cada 100 en educación superior, y 1.7 de cada 100 pesos en ciencia, tecnología e innovación; en tanto que actualmente son invertidos 2.9 de cada 100 y un peso de cada 100, respectivamente. Estos números son “menos oportunidades de desarrollo en un país donde sólo cuatro de cada diez jóvenes tienen acceso a la educación superior”, declaró Moreno Arellano.
Pese a los recortes, las universidades incrementaron la matrícula: en los últimos seis años, mientras los recursos para las universidades públicas disminuyeron 11 por ciento acumulado, la matrícula incrementó 20 por ciento, es decir, más de medio millón de espacios.
Aseguró que colocar a la educación como eje del desarrollo nacional “implica más que palabras y leyes, implica inversión pública y, ante todo, confianza en el valor de las universidades, las y los académicos y científicos. Las universidades sin recursos y en crisis financiera no pueden ser genuinamente autónomas; aunque existan leyes y salvaguardas constitucionales no pueden cumplir con la misión que se les ha encomendado”, subrayó.
Destacó los 140 millones de pesos que ya habían sido aprobados y etiquetados en el presupuesto estatal y que el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez reasignó, evitando la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales de esta Casa de Estudio.
La académica de la Academia de Ciencias de Morelos, doctora Brenda Valderrama, explicó que los 68 fondos del Conacyt para dar financiamiento a investigaciones científicas tenían, de 2012 a 2018, un ejercicio de 22 mil 739 millones de pesos, es decir, 50 por ciento de los recursos destinados a la investigación científica, y tenía la particularidad de que los montos quedaban etiquetados hasta que terminaran los proyectos, dando certeza a los académicos.
“La abrupta e injustificable modificación a la Ley de Ciencia, que se aprobó en noviembre de 2020, no solamente extinguió los fideicomisos, sino que desapareció los fondos y ocasionó que se perdiera el rastro de 42 mil millones de pesos que en ese momento estaban depositados en los fideicomisos”, denunció.
La académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora Berenise Bravo Rubio, pidió a los diputados federales asegurarse de que los recursos destinados a la educación y la investigación dejen de sufrir recortes y modificaciones para que sean canalizados sin demora y tal como fueron aprobados a los centros educativos, con la intención de que los miles de estudiantes sigan contando con el irrestricto derecho de recibir una enseñanza gratuita y de calidad.
El Presidente de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido, doctorante Rafael Alejandro Vaquera, denunció que el decreto de extinción de fideicomisos públicos, expedido por el presidente mexicano, afectó de forma directa a 52 becarios que hacen doctorado en Reino Unido, y el Conacyt ha dejado de resolver las solicitudes de becas poniendo el peligro la conclusión de sus estudios.
El Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana, doctor Alejandro Anaya, expresó que las políticas recientes del Conacyt, respecto a los estímulos para los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y las becas a estudiantes de posgrado, son discriminatorias, pues les da un trato diferencial no justificado, ya que afecta a quienes están adscritos a universidades privadas y favorece y da prioridad a quienes están en una institución pública.
La diputada Sayonara Vargas Rodríguez, representante del PRI y moderadora de esta mesa, dijo que es importante que la población en general sepa que las instituciones de educación superior y los centros de investigación en el país están un momento de crisis grave por los recortes presupuestales, y que además afectan al alumnado que realiza sus estudios en el extranjero.
Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo de 2022
Texto: Prensa UdeG
Fotografía: Cortesía Congreso de la Unión